Antecedentes. Esta planta se estableció en Córdoba, Veracruz, en 1962, para formular, envasar, almacenar y distribuir varios plaguicidas. Se ubicaba en una zona central de la ciudad, cerca de importantes avenidas y de varias escuelas, una guardería infantil, dos iglesias, la estación del ferrocarril, una gasolinera, varias fondas, pequeños comercios y casas-habitación de nivel económico medio y bajo; en los alrededores había numerosos puestos callejeros de frutas, vegetales y comida preparada.
La empresa tenía autorización oficial para formular cinco plaguicidas: pentaclorofenol, 2,4-D, malatión, paratión metílico y paraquat, pero en las paredes del local había anuncios de varios más, lo que permite suponer que, al menos, los almacenaba y distribuía.
En el momento de la explosión, la compañía tenía licencias federales de ambiente y salud renovadas recientemente, a pesar de que, por varias deficiencias, las autoridades de agricultura le habían negado la renovación.
Prácticamente desde que la planta inició sus operaciones, los vecinos se quejaron de efectos como irritación de ojos, nariz y garganta que asociaban con sus actividades, así como del desagradable olor alrededor de la planta, que también salía por los drenajes cuando se limpiaban las instalaciones. Inclusive, poco antes del accidente, los padres y maestras de una de las escuelas cercanas habían pedido, por escrito, a las autoridades municipales que la reubicaran.
Por lo tanto, la comunidad aledaña había estado expuesta, quizá desde un inicio, a varios plaguicidas: a) a través de los humos, vapores y polvos generados por la ineficiente operación de la planta, b) a través de los desechos líquidos de Anaversa que iban por el drenaje municipal hacia el arroyo El Coyol o directamente a la calle, y c) con los desechos sólidos que se enviaban al basurero municipal.
El accidente. A las 13:20 pm del viernes 3 de mayo de 1991 se inició en Anaversa un incendio, seguido de una serie de explosiones atribuidas a un corto circuito. De acuerdo con la comunidad y la prensa local, en los días previos al accidente en la planta hubo al menos tres pequeños incendios, el último de ellos, el día anterior. Es posible que ésta fuera la causa de que los extinguidores de incendios estuvieran vacíos al ocurrir el accidente.
Del local se levantó una gran columna de humo de olor desagradable que, debido al viento del norte que prevalecía en ese momento, se movió con rapidez hacia el sureste, sobre una zona de casas-habitación de nivel económico medio y bajo.
Acciones de control. Los bomberos de la ciudad, cuya central se ubicaba a corta distancia de la planta, llegaron poco después de que se inició el incendio. Este servicio estaba formado por voluntarios sin capacitación especial ni equipo adecuado, por lo que no lograron controlar el incendio. Los tuvo que apoyar una brigada de Pemex y otros grupos de respuesta a emergencias. El control del incendio requirió más de tres horas durante las cuales hubo otras cuatro explosiones.
Además de controlar el fuego, los bomberos estuvieron enfriando con agua dos tanques de 50 mil litros cada uno que contenían disolventes inflamables. Si no lo hubieran hecho, estos tanques podrían haberse incendiado y el fuego llegar a la gasolinera situada a menos de 100 metros de distancia y causado un accidente aun más grave.
El acceso a las instalaciones no fue restringido y numerosas personas participaron en el control del incendio, exponiéndose innecesariamente y dificultando la labor de los bomberos. En la zona hubo pánico y caos agravados porque era la hora de la salida de los niños de la escuelas cercanas; las autoridades municipales no aparecieron.
Acciones de la comunidad. A pesar del pánico, las actividades de la comunidad fueron muy eficientes: algunos recogieron a los niños de las escuelas cercanas, otros ayudaron a los bomberos, unos más llevaron a los afectados a los servicios de salud; cuando se controló el incendio, las amas de casa acordonaron el sitio; después, fueron reemplazadas por los dueños de los comercios cercanos y otros vecinos que acordonaron unas doce manzanas hasta que llegó el ejército.
Acciones de los dueños. La empresa informó a las autoridades las cantidades aproximadas de algunos de los productos que tenía autorización de formular: 30 mil 500 litros. Afirmó que sólo el 15% llegó fuera de las instalaciones, ya diluido con el agua que se usó para controlar el incendio. Negó que hubiera habido explosiones o intoxicación por agroquímicos. Añadió que se esparcieron cal y celita sobre el lugar para inactivar algunos de los plaguicidas. Concluyó que era muy poco probable que se contaminaran los pozos por esta causa.
La empresa no indemnizó a los afectados ni les repuso las pérdidas de ningún tipo.
Consecuencias inmediatas. Desde lejos se podía ver la enorme nube formada por los gases, vapores y polvos del incendio y las explosiones, la cual, al ser desplazada por el viento, cubrió la tercera parte de la ciudad, que entonces tenía 153 mil habitantes.
El agua que se usó para controlar el incendio y enfriar los tanques con disolventes corrió sobre todo en dos direcciones: la primera hacia la calle y, de ahí, hacia el drenaje municipal por los arroyos La Sidra, Tepachero y Las Conchitas; la segunda, hacia el arroyo El Coyol por una conexión clandestina de la planta con el drenaje municipal. La primera de estas direcciones era muy evidente en el declive de la calle; la otra se descubrió tiempo después.
A lo largo de estos arroyos había varios pozos artesianos de los que se surtían las familias sin servicio de agua entubada. El agua de estos arroyos y pozos, inclusive algunos bastante lejanos a la planta, tomó rápidamente un color verde intenso y los peces murieron de inmediato. Aunque el color persistió por varios días, fue hasta el quinto día que las autoridades de salud clausuraron 120 pozos y proporcionaron agua a las familias afectadas.
Después del accidente. Doce horas después del accidente llegó el ejército a poner en operación el plan DN-III de control de desastres. Este Plan está diseñado para atender desastres naturales, como inundaciones, y para proteger las propiedades de quienes sean evacuados; conforme a él, los soldados se limitan a acordonar la zona afectada y a apoyar en la evacuación. En este caso, 20 soldados, apoyados por 50 elementos de seguridad pública, ayudaron a evacuar a más de mil 700 vecinos en 15 colonias de la zona y acordonaron la planta hasta el día 5, cuando el ejército se retiró, lo que la comunidad consideró prematuro, pues persistía el fuerte olor. A pesar de esto, se permitió que los evacuados de la zona aledaña regresaran a sus hogares, a los que vivían más lejos se les dejó regresar a las 72 horas y a los cinco días regresaron casi todos.
No se informó claramente a los evacuados sobre las precauciones que deberían tomar al regresar a sus casas, por lo que continuó habiendo intoxicados hasta tres semanas después del accidente. Estos nuevos casos no fueron incluidos en las cifras oficiales.
Posteriormente se liberaron para su venta 978 toneladas de azúcar que estaban almacenadas frente a la planta, después que se afirmó que un análisis de residuos de plaguicidas en ellas había salido negativo. No se informó dónde se realizó el análisis ni cuáles plaguicidas se buscaron; además, el secretario de Salud del estado de Veracruz autorizó que se repartieran los libros de texto de primaria de nueve zonas escolares que estaban almacenados en una escuela cerca de la planta. Los escolapios limpiaron de polvo dichos libros.
El arroyo de aguas negras hacia el sur de la planta tenía botes, latas, empaques y plásticos, lo que dificultó el paso de las aguas contaminadas procedentes del siniestro. Por eso varios días después el olor era insoportable en esa zona y se intoxicaron algunos vecinos.
En junio se encontró que las dermatitis que empezaron a padecer los vecinos se podían atribuir a que en el techo de la planta había agujeros por los que entraba el viento y sacaba polvo con plaguicidas y cal que caía en la zona y en la ropa que se estaba secando al aire libre.
Todavía en septiembre de 1991, el olor a plaguicidas era claramente perceptible en la zona. Cuando llovía, el agua penetraba por los agujeros del techo y de la planta salía un líquido verdoso con el mismo olor.
Manejo de los desechos. Una parte del producto fue acarreado por el agua, se coló por las alcantarillas y llegó a la calle en donde los residuos se acumularon y una semana después del incendio seguían ahí; otra parte fue absorbida con celite y cal y posteriormente recogida en tambos, que se llevaron a la vecina ciudad de Fortín de las Flores en donde se depositaron atrás de un hotel hasta que las quejas por el fuerte olor obligaron a trasladarlos de nuevo.
La limpieza de las instalaciones tardó más de dos semanas; debido a que la explosión rompió el techo, y era época de lluvias, por ahí entraba el agua, arrastraba los residuos de arena, material adsorbente y plaguicidas y generaba un líquido verdoso de olor desagradable que corría por las calles del barrio. Todavía dos semanas posteriores al incendio, después de un aguacero aparecían charcos con olor a plaguicidas junto a los locales en donde se expendían alimentos. Los vecinos del arroyo de aguas negras reportaron que les daban mareos cada vez que llovía.
No se informó a los vecinos las precauciones que deberían tener con el polvo que entró a sus casas y cubrió sus muebles, por lo que deben haberlo barrido y enviado al basurero municipal junto con la basura normal, desde luego, sin tomar precauciones para no exponerse a el.
El manejo de los desechos del incendio corrió a cargo de las autoridades ambientales que, a fines de mayo, informaron que en junio se enviarían al confinamiento de RIMSA en Monterrey, sin que haya constancia de que así haya ocurrido.
El 8 de julio, la Secretaría de Salud federal revocó la autorización de Anaversa y clausuró la planta definitivamente, pero no canceló el acceso y varias personas siguieron entrando a las instalaciones.
Actividades del sector salud. La capacidad de los servicios locales de salud fue rápidamente rebasada debido al elevado número de afectados y a que se intoxicaron de manera casi simultánea; inclusive, estos servicios recurrieron al apoyo de médicos y enfermeras privados, así como de estudiantes de medicina. Algunos afectados fueron trasladados a otras ciudades por la gravedad de sus síntomas o porque ya no hubo sitio en los hospitales cercanos.
Además de las limitaciones en su capacidad, el sector salud tampoco estaba preparado para atender a los intoxicados, pues el personal tenía un conocimiento superficial de los efectos adversos de los plaguicidas organofosforados (OF), no conocía los de otros plaguicidas y no contaba con antídotos para ninguno de ellos; independientemente de sus síntomas, trataron de la misma manera a todos los afectados.
Según datos oficiales, en las instituciones de salud locales fueron atendidas 292 personas, todas ellas con debilidad muscular, 95 % con náuseas y 56 % con dolor abdominal, dificultad respiratoria y/o visión borrosa. Es posible que muchas más hayan tenido manifestaciones subclínicas y que la cifra oficial corresponda sólo a quienes tuvieron síntomas más graves pues, por lo menos 30 % de los encuestados en el estudio epidemiológico posterior, dijeron haber tenido uno o más efectos agudos que pudieran asociarse con la exposición a plaguicidas.
Las primeras intoxicaciones se atribuyeron a la inhalación de humos y polvos generados por el incendio y las explosiones. Entre los más afectados estuvieron los bomberos, los residentes que ayudaron durante la emergencia y quienes se abastecían de los pozos artesianos. Sin embargo, a causa de la dispersión de humos y polvos con el viento, hubo intoxicados en zonas alejadas de la planta. También deben haber sido muy afectados los soldados, pero se desconoce su número y si tuvieron síntomas de intoxicación, pues el ejército se negó a que participaran en el estudio epidemiológico.
En marzo de 1992 en quienes habían estado intoxicados persistían nerviosismo, agotamiento y debilidad muscular.
A principios de 1993 empezaron a aparecer en la comunidad afectada algunos casos de anemia aplástica, trombocitopenia y alergias, ante lo que la comunidad solicitó que las autoridades le informaran sobre los resultados del estudio epidemiológico, que se suponía ya debería estar terminado. Por sus resultados, así como las pruebas de que había efectos adversos a largo plazo, las autoridades de salud decidieron continuar ese estudio por tres años más, establecer una unidad de salud en Córdoba e informar a la comunidad de estos planes y sus resultados, nada de lo cual cumplieron.
Las actividades para evaluar la exposición fueron muy pocas y severamente deficientes, sobre todo porque se realizaron días o meses después del accidente. Aproximadamente un mes después se inició un estudio de colinesterasa en 138 individuos, el cual se interrumpió 18 meses después, porque sólo fue posible obtener 16 muestras.
Cinco meses después del accidente se tomaron muestras de agua y sedimento de los arroyos y los alrededores de la planta para determinar plaguicidas; se dijo que fueron positivas, pero no cuáles plaguicidas se identificaron en ellas. Esos resultados no se pueden considerar válidos ya que: a) por el tiempo transcurrido, muchos contaminantes se pudieron haber degradado, b) el muestreo no tomó en cuenta las probables rutas de dispersión de los contaminantes, c) las muestras no se obtuvieron conforme a un procedimiento estandarizado, d) no se analizaron en laboratorios especializados y e) no se buscaron las dioxinas y furanos que podían haberse formado de durante el incendio. En resumen, ninguna de estas actividades fue adecuada. Fueron inútiles.
Para evaluar los efectos agudos se realizaron los estudios de colinesterasa y epidemiológico ya mencionados, centrados en los efectos de los plaguicidas organofosforados (OF). No tuvieron en cuenta los efectos de otros plaguicidas ni la posibilidad de que en los humos y polvos, así como en el agua, hubiera productos de reacción, como dioxinas y furanos.
En cuanto a las actividades para evaluar los efectos a largo plazo, entre mayo de 1991 y octubre de 1992 la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud realizó un estudio epidemiológico enfocado, sobre todo, a evaluar los efectos a largo plazo de la exposición a plaguicidas OF. Conforme a sus resultados, en la zona de alto riesgo hubo mil 854 afectados, con 379 viviendas, y 6 % de enfermos. Por su parte, la Pastoral Social de la ciudad hizo un censo de 300 personas con síntomas, en el que aparecían algunas que no se incluyeron en la encuesta de la Secretaría, por lo que la comunidad pidió que todos los enfermos tuvieran atención médica adecuada y se les realizaran los estudios necesarios, lo que no ocurrió.
Por lo que se refiere a la generación de dioxinas durante el accidente, por presiones de la comunidad, en julio de 1992 se tomaron tres muestras de suelo las cuales se analizaron en los laboratorios de la Chemical Waste Management en Estados Unidos, para buscar dioxinas y furanos, pues México carecía (y carece) de la capacidad analítica para estos estudios. En las tres muestras se identificaron diversas dioxinas y furanos con concentraciones totales de 16 mil 421, 45 mil 800, y 220 mil pg/g, que exceden con mucho lo aceptable para estos contaminantes. Pese a ello, las autoridades de salud concluyeron que estos datos sólo indicaban la posibilidad de contaminación del entorno por dioxinas y propusieron que se analizara el tejido adiposo de algunos expuestos, lo no se realizó.
Quejas de la comunidad. Las quejas de la comunidad se centraron en a) la responsabilidad moral de las autoridades ante la comunidad, b) el vacío de información y, en especial, c) el informe falso que presentó la empresa negando que hubiera habido una explosión e intoxicados y en el cual dio datos sobre las sustancias que se derramaron y sus cantidades aproximadas.
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